Juristas y tecnólogos han de ir de la mano

​La legislación va por libre. Esta es una de las principales conclusiones que se pudieron extraer durante la celebración de la mesa redonda “Ley Crea y Crece: El gran reseteo” que tuvo lugar durante el Finance Meeting 2023, organizado por IFAES.

Durante el coloquio moderado por Jorge Corona, director comercial de Esker Ibérica, que reunió a Ángel Ventoso, responsable de Aplicaciones IT de Grupo Lactalis; Isaac Monclús, director financiero del Grupo MAHESO; y Jordi González, director financiero del Grupo Carbonell, los expertos coincidieron en reclamar una mayor participación de todos los actores implicados en el desarrollo legislativo. A fin de cuentas, marca la evolución tecnológica de las empresas y esta colaboración, hoy por hoy, no existe.

Jorge Corona tomó la Ley Crea y Crece como hilo conductor de esta mesa redonda. Se trata de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, que introduce novedades en materia de facturación electrónica, generalizando y acelerando su adopción tanto para las empresas como para los profesionales. Sin embargo, esta transición ni es sencilla ni se realiza a la misma velocidad en función de los sectores y dimensiones de las organizaciones.

Durante su intervención, Ángel Ventoso hizo un llamamiento a que se hable “de proyectos a largo plazo, no de hoy para mañana”, de manera que “estén involucradas todas las partes, la parte técnica y la parte no técnica”, tanto de la Administración como de las empresas pues, de lo contrario, “estamos poniendo parches sobre parches sobre parches y, al final, el resultado va a salir, pero no va a ser el óptimo y va a costar más de lo que debería”.

Una opinión compartida por Jordi González que desde su punto de vista y en referencia a la Ley Crea y Crece, “se hizo mal, porque es importante dar voz a tecnólogos, juristas, a asociaciones sectoriales, a los profesionales… a todas las partes implicadas”. No sólo no se hizo, sino que ni siquiera yendo en solitario la Administración está siendo todo lo diligente que cabría esperar en la definición de la norma.

Indefinición de procesos

A pesar de que la Ley Crea y Crece acaba de cumplir un año y que desde que se apruebe su reglamento habrá empresas que en 12 meses deberán adoptar obligatoriamente la factura electrónica, lo cierto es que la aprobación de dicho reglamento sigue siendo una incógnita. Isaac Monclús se mostró especialmente crítico con esta circunstancia, puesto que existe mucha incertidumbre sobre la aplicación de la ley y “ni siquiera se ha aprobado un reglamento que hace casi un año que tendría que haber pasado ese trámite”.

El artículo 8.3 del reglamento pendiente de aprobación indica que los proveedores de las plataformas tendrán que facilitar un sistema ágil para que los usuarios de éstas puedan subir y bajar la información necesaria para poder transaccionar. Sin embargo, los procesos no están definidos y eso genera mucha inseguridad.

Ángel Ventoso subrayó la necesidad de contar con esos requerimientos, lo más precisos posible, porque de lo contrario obliga a las empresas a “rediseñar y rehacer nuestro flujo con la herramienta ya implementada, lo que genera una tremenda desconfianza en nuestros usuarios y en la empresa”. No sería la primera vez que sucede algo parecido, como recordó al echar la vista atrás y describir cómo Grupo Lactalis fue de los primeros en implementar el Sistema Inmediato de Información (SII): “durante esa transición, hasta que nos pusimos en marcha, fueron tiempos horribles que trato de olvidar; seguramente volveremos a sufrirlo con la Ley Crea y Crece”.

Precisamente el papel que jugará el SII también es un misterio, no se sabe si será o no la plataforma que sirva de comunicación con la Administración en el marco de la nueva ley. A este respecto y desde la óptica de proveedor que está en contacto con la Administración, Jorge Corona comentó que “todavía no sabemos exactamente cómo será la plataforma, cómo vamos a comunicarnos”.

El propio SII, que hasta la fecha actúa como un registro de facturas emitidas-recibidas, genera ciertas dudas. Así lo expresó Isaac Monclús al indicar que “un tema que me planteo yo es, ¿qué van a hacer los juristas con esos datos de morosidad? Porque se puede provocar un daño reputacional, no forzosamente justificado”. A este respecto, recordó que ya “se ha creado el Observatorio de la Morosidad y todas aquellas empresas que no cumplan los plazos de pago, pueden ser vetadas en la consecución de subvenciones, ayudas, contratación pública…”.

Ángel Ventoso confió en que el nuevo sistema, no sólo sea robusto y estable, sino que además “sea capaz de adaptarse a las nuevas necesidades que surgen cada día”, algo que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que juristas y tecnólogos vayan de la mano. Entre estas necesidades y casuísticas, Jordi González destacó la escalabilidad de la plataforma, pues las empresas cuentan con clientes en diferentes países en los que la facturación electrónica también se está imponiendo.

Las dos velocidades de adopción            

¿Están preparadas las empresas para la aplicación de esta Ley? La respuesta por parte de los tres participantes fue unánime: tan sólo las grandes empresas, que cuentan con músculo financiero y recursos, podrán cumplir con los plazos. No sucederá lo mismo con las pymes.

Isaac Monclús incidió en que esta nueva normativa, que en esencia persigue reducir los plazos, el cobro y la morosidad, no sólo impone el uso de la factura electrónica, sino también mantener un flujo constante de información con la Administración sobre el estado de cada factura y su pago al céntimo. Todo esto precisa una redefinición de procesos internos que, en el caso de las grandes empresas requiere un esfuerzo, pero que en el de las pymes se antoja muy complicado: “las empresas que tenemos músculo financiero, humano y tecnológico, creo que podremos afrontarlo, contando con partners que nos ayuden a desarrollar todos esos programas informáticos necesarios, pero la pyme se va a encontrar con obstáculos”, indicó.

Por este motivo, Isaac apostó por “un periodo transitorio donde las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, se puedan adaptar a las nuevas tecnologías, adaptar sus procesos y procedimiento con la ayuda de consultores o partners para poder adaptarse correctamente a la ley”. De lo contrario, podría producirse un colapso.  Asimismo, Jordi González también recomendó la realización de “una campaña de comunicación, a nivel nacional, explicando bien qué se quiere hacer, dónde vamos, cuáles son las plataformas, qué va a pasar con el SII, etc.”.

Inteligencia Artificial, con calma

El coloquio también abordó el papel que puede jugar la Inteligencia Artificial (IA) en este ámbito de actuación en las empresas. Ángel Ventoso afirmó que “está claro que ha venido para quedarse y que nos ayudará en el futuro y en el presente en muchos de nuestros procedimientos y procesos internos, pero, en mi opinión, hay que hacerlo y afrontarlo con cabeza”. Desde su punto de vista, “aplicar Inteligencia Artificial porque está de moda y todo el mundo habla de ella, seguramente sea un error y un despilfarro económico”.

Desde Grupo Carbonell, su director financiero respaldó a su colega, matizando que “no debemos preguntarnos qué puede hacer la IA, sino qué debe hacer para ayudar a las empresas”. En este sentido, Isaac Monclús quiso poner en valor el papel que ha de jugar el director financiero en la organización, cada vez más ligado al área IT: “Tiene que ser quien vea la empresa como un solo ente y dar las herramientas necesarias para que toda la organización vaya evolucionando para alcanzar los objetivos que marque el Consejo de Dirección y el Comité de Administración”, concluyó.